ARTÍCULO REVISTA INTERVIÚ (10-01-2011) (Soledad Juárez)
Elena llora cada mañana cuando ve a los niños con sus carteras yendo al colegio. No entiende por qué ella no puede entrar y sus compañeros sí, cuenta Ana Belén Salas, madre de Elena Pérez, una niña extremeña de seis años que sufre trastorno del espectro autista, problema que afecta al 0,6 por ciento de la población infantil.
Desde los tres años, Elena acudía dos días por semana a clases en un colegio público ordinario cacereño, y los tres restantes, al Donoso Cortés, único centro público en Cáceres que cuenta con un aula estable con personal especializado en atender a niños con problemas como el de Elena. Pero desde el pasado mes de septiembre la pequeña no puede entrar. Al iniciar Primaria, la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura matriculó a Elena en el centro de Educación Especial Proa sin el consentimiento de sus padres. Ellos deseaban mantener el modelo educativo inclusivo con el fin de que la pequeña se integrara “lo más posible en la sociedad, porque al colegio no se va solo a aprender a leer y a escribir”, declara Ana Belén Salas.
Enrique García, delegado provincial de Educación en Cáceres, explica el motivo de la decisión de la Junta: “El equipo de orientación reeducativa evaluó a la menor en Mayo de 2010 y decidió que la escolarización más adecuada, teniendo en cuenta sus características, era el centro público de educación especial Proa”, señala. García defiende que “el proceso seguido en esta escolarización ha sido el correcto”.
No opina así Ángel Luis Aparicio, abogado de la familia de Elena, que señala que los informes psicológicos de la niña muestran su evolución favorable y denuncia cómo “la Junta coacciona a los padres a una escolarización que no quieren, contraviniendo el artículo 71.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”. El artículo 74.1 de la citada ley de ámbito nacional incide en que “la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación (…). La escolarización en centros de educación especial solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en (…) los centros ordinarios”. El letrado se pregunta:” ¿Cómo pueden considerar más adecuado el centro Proa cuando allí no hay ni un solo niño de la edad de Elena; todos tienen más de 15 años? Pretenden aislarla”. En su opinión, al Administración “comete un agravio comparativo porque en otros casos sí se ha respetado la decisión de los padres, y se le niega a Elena el acceso a un régimen de mayor integración, como precisa el artículo 74.3 de la citada ley”. Aparicio también interpondrá una querella contra el delegado provincial de Educación en Cáceres” por presunta prevaricación y presunta revelación de informes psicológicos de la niña.
Ana Belén Salas está indignada por la “actitud autoritaria de la Junta. Se han olvidado del verdadero problema: se trata de una niña de seis años y le están cerrando todas las puertas para integrarse en esta sociedad”. Los padres de Elena, Ana Belén Francisco, ha recurrido la decisión de la Junta de Extremadura de escolarizarla en un colegio sin su consentimiento. “Esa decisión atenta cintra los derechos fundamentales de la niña y de sus padres, que están recogidos en la Constitución”, añade Aparicio.
“NOS HACEN MEJOR A TODOS”
Mónica Sumay, vicepresidenta de la Asociación Solcom, organización que promueve el respeto de los derechos de las personas con diversidad funcional, recuerda que en mayo de 2008 entró en vigor en España la Convención de la ONU – de obligado cumplimiento- que aboga por una educación inclusiva de calidad frente a la segregadora en centro de educación especial. “Cuando estos niños se integran, sus compañeros los quieren y los protegen. La inclusión no solo favorece a quienes tienen una disfunción, también nos hace mejor a todos”, asegura Sumay. Y añade: “La Administración debe dar los recursos donde están las personas, no enviar a las personas donde pone los recursos; es decir, as los centro de educación especial, que son un negocio y donde los niños de hacen invisibles”.
Ya son cuatro meses sin ir a clase, pero Elena mantiene su rutina. Ana Belén y Francisco la llevan dos días en semana a psicomotricidad, otros tres, recibe terapia individualizada para aprender a comunicarse y ser autónoma y asiste a clases de equitación, su pasión. También acude a un logopeda tres veces por semana. Ana Belén sabe que “nadie va a curar la discapacidad de mi hija, pero están lesionando nuestros derechos. Me siento frustrada e indefensa. No pido nada malo, solo quiero que Elena acuda cinco días al aula estable del Donoso Cortés y que en el recreo pueda relacionarse con los demás niños. Pido que se respeten los derechos de los discapacitados porque tener una discapacidad no significa no ser válido”.
Y Elena sonríe y da besos a sus padres y salta en el castillo hinchable que le han instalado en el patio de su casa y baja las escaleras a toda velocidad. “No tiene noción del peligro – explica su madre-; en un síntoma de su trastorno, pero tiene mucha memoria y lo entiende todo. Siente el cariño que le damos. Va muy despacio, pero está mejorando mucho. ¿Cómo es posible que Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta, no nos reciba y no solucione la exclusión de Elena?”.
RECENSIÓN: ¿Inclusión o segregación?
El lunes, mientras ojeaba una revista, algo llamó significativamente mi atención. Se trataba de un artículo que comenzaba con una frase bastante impactante:
“ELENA SE QUEDA SIN SU COLEGIO: LA JUNTA DE EXTREMADURA NIEGA LA INTEGRACIÓN A UNA NIÑA AUTISTA DE SEIS AÑOS”.
Si ya el título me pareció llamativo, a medida que iba leyendo me iba sorprendiendo más:
“Durante tres cursos Elena compaginaba el colegio con la asistencia a un aula de apoyo para niños autistas. Ella desea continuar con este modelo de integración, pero la Junta de Extremadura ha matriculado a la pequeña en un centro de educación especial sin el consentimiento de sus padres”
A juzgar por lo que la autora expone en el artículo, existen informes psicológicos en los que se ve reflejada la evolución de Elena en los tres años de escolarización. Aunque si la Junta tiene noticias de todo esto es porque alguien ha informado de la situación al considerar que Elena requería una atención más específica. Entonces, ¿qué pensar al respecto?
Yo soy partidaria de las escuelas inclusivas, siempre y cuando el niño tenga cubiertas todas sus necesidades, es decir, a excepción de casos que sean tan graves que lo mejor para el bienestar del niño sea asistir a un centro específico.
Por lo que se puede apreciar en el artículo, Elena es una niña autista con mucha autonomía, bastante sociable y resuelta, y resulta muy extraño que la Junta haya tomado la decisión de escolarizarla en un centro específico sin el consentimiento de los padres. Habría que tener en cuenta todos los puntos de vista y contar con toda la información para saber qué ha llevado a la Junta a tomar una decisión así. Imagino que los padres de Elena querrán lo mejor para su hija, y aunque no son especialistas, son las personas que conviven día a día con Elena, y los que mejor habrán podido apreciar su evolución.
Lo cierto es que los padres de Elena quieren que continúe su escolarización en un centro ordinario porque allí está muy bien integrada. Mantiene muy buena relación con sus compañeros, que la cuidan y la protegen. Sus padres consideran que en el centro específico va a estar aislada puesto que todos los alumnos que allí asisten son mayores de 15 años y Elena solo cuenta con 6. ¿No estaríamos hablando entonces de segregación en vez de la inclusión que tanto defendemos en la actualidad?
Me reitero en que sería necesario conocer todos los datos de los informes de los especialistas que han intervenido hasta el momento con Elena para saber qué es lo mejor para ella, que al fin y al cabo es lo que importa, pero si tengo que inclinar la balanza, con la información con la que cuento y desde mi humilde experiencia, que es poca, me inclino por la decisión de los padres.
Sabemos que el autismo es un trastorno muy heterogéneo, cuyos niveles evolutivos, necesidades educativas y terapéuticas y perspectivas vitales son enormemente diferentes y que realizar una evaluación a los niños que padecen este trastorno del desarrollo es una ardua tarea debido a que el autismo tiene una estructura muy difusa y puede ir asociado a un retraso mental, pero si la ley incide en que “la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales se tiene que regir por los principios de normalización e inclusión y asegurar su no discriminación…”, ¿por qué la Junta plantea lo contrario?
Me reafirmo en que no es una tarea fácil, puesto que requiere mucha dedicación, implicación y por supuesto recursos materiales y personales, pero aunque sea una labor complicada, nunca hay que tener actitudes de abandono.
Para concluir me gustaría señalar, en cuanto a la autora del artículo, que me ha parecido poco objetiva a la hora de enfocar el caso. Se observa claramente la perspectiva de los padres pero apenas contamos con información de la parte contraria. Es posible que si dispusiera de toda la información, a lo mejor dudaría a la hora de emitir un juicio en cuanto a qué es lo mejor para Elena.
“Nuestro mundo no sería propiamente humano, si se aceptara pasivamente la existencia de seres que, siendo humanos, son ajenos” (Rivière)
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